En la sesión de mayo del Cafè Europa, organizada por la Fundació Catalunya Europa, la vivienda ha centrado el debate con dos voces clave: Vicent Marzà, eurodiputado por Los Verdes-ALE y vicepresidente de la Comisión Especial sobre la Crisis de la Vivienda en el Parlamento Europeo, y Luisa Fernanda Pinto Rodríguez, abogada especializada en derecho urbanístico y miembro del PEMB. Los dos han coincidido en una idea esencial: la vivienda ya no es un problema local, sino una crisis sistémica a escala europea.
La vivienda, de derecho social a activo financiero
Luisa Fernanda Pinto ha abierto la conversación poniendo cifras y contexto. Ha denunciado que más del 38% de los hogares con rentas bajas han destinado más del 40% de sus ingresos a pagar la vivienda, un dato que evidencia la rendija creciente entre salarios y precios. Esta crisis, ha dicho, no es puntual: ha sido provocada por un modelo que ha convertido la vivienda en un activo financiero, olvidando su función como derecho social.
Pinto ha identificado un triple desequilibrio: entre ingresos y precios, entre oferta y demanda, y entre la función social y la función especulativa de la vivienda. También ha alertado sobre la descalificación masiva de vivienda protegida en Cataluña y España, que ha hecho perder más de 5 millones de viviendas en los últimos años y ha defendido la necesidad de incrementar el parque asequible de manera estable y permanente.
Europa reacciona: primeras pasas por una política común
Vicent Marzà ha explicado el trabajo que se ha iniciado en el Parlamento Europeo con la creación de una comisión especial para estudiar la crisis de la vivienda, que va en paralelo con la designación del danés Dan Jørgensen como Comisario encargado de este ámbito. A pesar de que la UE no tiene competencias directas en vivienda, ha indicado que puede incidir a través del marco regulador, de los estándares comunes y de la financiación. “Si hay voluntad política, hay camino”, afirma, poniendo como ejemplo el caso de la política de defensa, donde sí que se han movido recursos a pesar de la carencia de competencias formales.
Marzà ha detallado que la comisión ha establecido tres líneas de trabajo: misiones de estudio (la primera, en Barcelona), comparecencias públicas de varios agentes y la elaboración de un informe con propuestas del Parlamento Europeo para que la Comisión realice una agenda europea en materia de vivienda, que tiene que incluir regulación y financiación, por el primer trimestre del 2026.
Del centro en la periferia: desigualdades y alternativas
Durante la conversación, se han puesto de manifiesto varias desigualdades territoriales que acentúan la crisis de la vivienda a Europa. Se ha señalado la brecha entre países del norte y del sur, pero también los desequilibrios dentro de los propios estados miembros, como las dificultades de acceso a la vivienda en entornos rurales o periféricos respecto a las grandes metrópolis.
Además, se ha mencionado el impacto de la especulación transnacional, como las compras masivas de viviendas por parte de residentes del norte en territorios del sur, que contribuyen a la tensión del mercado y el déficit de oferta. Los dos han destacado también el papel clave de la gobernanza metropolitana y han defendido un modelo policéntrico para superar el actual centralismo barcelonés.
Una agenda abierta pero con presión
La conversación ha evidenciado que el futuro de las políticas de vivienda europeas tiene muchos caminos, pero también que requerirá más alianzas, financiación y compromiso político. “Hace falta que las ciudades puedan acceder directamente a los fondos europeos y que estos respondan también a la crisis social, no solo a la energética”, han coincidido.
Las conclusiones de la comisión del Parlamento Europeo, que tiene que incluir regulación y financiación, se tendrán que presentar durante el primer trimestre de 2026 y la FCE se encargará de llevarlas en Cataluña.
